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Ashley Quesada
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La Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público aprobó este jueves remitir al Ministerio Público el acta íntegra de la sesión en la que el exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS) declaró bajo juramento que “hubo un intento de ingreso de fondos cuestionables a nuestro puesto de bolsa”. La comisión además pidió evaluar medidas de protección para testigos y solicitar acompañamiento del Ministerio Público ante la gravedad de las denuncias.
El testimonio más contundente fue el del ex gerente del INS, Luis Fernando Monge Salas, destituido en noviembre de 2025, quien relató que “hace un par de años, unos agentes de seguro, cuyos nombres no puedo mencionar, me propusieron participar en el otorgamiento de préstamos personales a funcionarios del INS” y que, tras un primer intento que fue archivado, esos mismos agentes volvieron intentando introducir 10 millones de dólares a través del puesto de bolsa del instituto.
“Posteriormente, ya estando doña Gabriela [Chacón] de presidente del INS, esos agentes reaparecieron por el lado del Puesto de Bolsa. Estaban presionando para que se autorizara el ingreso de 10 millones de dólares”, relató Monge en la sesión.
Monge explicó que su gerencia rechazó la operación por inconsistencias técnicas y que, en cumplimiento de sus obligaciones, elevó el caso a la Oficialía de Cumplimiento Corporativa. “Yo involucré a la Oficialía de Cumplimiento Corporativa y ésta encontró una conexión con una persona que es muy cuestionada en el país”, declaró el exgerente ante los diputados, aunque en la comisión precisó que prefirió no revelar el nombre por razones de seguridad.
Según Monge, la presión para que la transferencia prosperara no se limitó a intermediarios financieros, se refirió a un llamado directo que involucró a personas cercanas a la Presidencia de la República. “Estando en una gira con doña Gabriela, ella recibió una llamada de don Federico Cruz, muy conocido como Choreco, para presionar por el mismo tema”, afirmó, y añadió que alertó a la presidenta ejecutiva sobre la situación, a lo que ella respondió, según contó Monge, que lo comunicaría al presidente Chaves.
La presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón Fernández, presente en la audiencia, negó tener conocimiento pormenorizado de las operaciones que Monge describió y, al ser consultada sobre llamadas relacionadas con el caso, señaló en la comisión: “Yo solo una llamada, que yo recuerdo”. Respuesta que generó interrogantes entre los legisladores.
Complementando el registro legislativo, el oficial de cumplimiento del INS detectó irregularidades en el esquema propuesto, y la comisión prevista para los interesados rondaba un 50%, porcentaje calificado como “muy sospechoso” por el informe interno citado por el medio CrHoy. El medio destacó que, según fuentes judiciales, el abogado que actuaba en representación de los interesados sería el extraditable Celso Gamboa Sánchez, detenido por cargos internacionales de narcotráfico.
En su intervención, el exgerente consignó que en reuniones con los intermediarios identificó los nombres Diego Sánchez Silva y Hostos Rizik, y detalló que el segundo se presentó como intermediario entre la casa presidencial, el reasegurador y la institución. Posteriormente, Monge dijo haber buscado información pública sobre esos nombres y encontró referencias que, según manifestó, le parecieron preocupantes.
En la sesión se discutió explícitamente la conveniencia de remitir el acta al Ministerio Público para que valore la apertura de diligencias penales, y se aprobó la moción con cinco votos a favor y uno en contra. La comisión además remitió la solicitud de evaluación de medidas de protección para los declarantes.
La presidenta de la comisión indicó que los comparecientes siguen obligados por el juramento prestado y que la comisión podría volver a citarlos. En la comisión figura una posible nueva audiencia para el 12 de enero como parte del seguimiento. Los legisladores coincidieron en que las declaraciones justifican la intervención del Ministerio Público y la adopción de medidas cautelares para proteger a quienes han denunciado presiones y riesgos.
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