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Ana Lucía Freire
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Tienes razón, colega. “Cúpula” puede sonar a juicio de valor. Vamos con una entrada más descriptiva y técnica, acorde al lenguaje de El Comercio:
SECCIÓN: SEGURIDAD / JUDICIAL
Los exintegrantes de la denominada “Liga Azul” y otras figuras políticas vinculadas al correísmo aguardan la resolución de la justicia ordinaria. Este martes 24 de marzo de 2026, la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, reinstaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Liga2, en la cual se investiga una presunta red de asociación ilícita que habría intentado capturar la institucionalidad de organismos técnicos del Estado.
Durante la jornada matutina de este martes, las defensas técnicas de los últimos dos procesados, el exsuperintendente electo Raúl González y la exasambleísta Esther Cuesta, presentaron sus argumentos de descargo. Ambos rechazaron las imputaciones del fiscal general (e), Leonardo Alarcón, y solicitaron el sobreseimiento, alegando que no existen elementos que prueben una conducta delictiva contra la administración pública.
La teoría del Ministerio Público sostiene que los siete procesados formaron una estructura organizada para beneficiar al movimiento Revolución Ciudadana (RC). Según la Fiscalía, la estrategia buscaba el control de entidades estratégicas como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura.
Los nombres señalados en calidad de autores directos incluyen a:
El caso se sustenta, en gran medida, en la información extraída de los teléfonos celulares de Augusto Verduga, incautados en 2025. Según la acusación, los dispositivos contienen chats y documentos que evidencian una planificación para dilatar decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y asegurar el nombramiento de autoridades afines.
La diligencia no solo cuenta con la acusación de la Fiscalía, sino también con el Consejo de Participación Ciudadana como acusador particular, que solicita juicio no solo por asociación ilícita, sino también por tráfico de influencias. El origen del caso se remonta a una denuncia de Roberto Romero von Buchwald, actual superintendente de Bancos, en medio de una encarnizada disputa con Raúl González por dicha institución.
Tras el receso dispuesto al mediodía, la audiencia se reinstaló por la tarde para que las partes procesales se pronuncien sobre la exclusión de pruebas y posibles acuerdos probatorios. Una vez concluida esta fase técnica, la jueza Camacho deberá anunciar si llama a juicio a los siete investigados o si dicta el sobreseimiento de algunos de ellos, una decisión que marcará el futuro político de varios de los implicados de cara a los próximos ciclos electorales.
Información externa Tráfico de influencias
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SECCIÓN: SEGURIDAD / JUDICIAL
Caso Liga2: Concluyen alegatos de defensa y la jueza Daniella Camacho decidirá si llama a juicio a exvocales del CPCCS y a Andrés Arauz
Los exintegrantes de la denominada “Liga Azul” y otras figuras políticas vinculadas al correísmo aguardan la resolución de la justicia ordinaria. Este martes 24 de marzo de 2026, la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, reinstaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio del caso Liga2, en la cual se investiga una presunta red de asociación ilícita que habría intentado capturar la institucionalidad de organismos técnicos del Estado.
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Durante la jornada matutina de este martes, las defensas técnicas de los últimos dos procesados, el exsuperintendente electo Raúl González y la exasambleísta Esther Cuesta, presentaron sus argumentos de descargo. Ambos rechazaron las imputaciones del fiscal general (e), Leonardo Alarcón, y solicitaron el sobreseimiento, alegando que no existen elementos que prueben una conducta delictiva contra la administración pública.
La tesis de la Fiscalía: El plan para tomar el control del Estado
La teoría del Ministerio Público sostiene que los siete procesados formaron una estructura organizada para beneficiar al movimiento Revolución Ciudadana (RC). Según la Fiscalía, la estrategia buscaba el control de entidades estratégicas como la Superintendencia de Bancos y el Consejo de la Judicatura.
Los nombres señalados en calidad de autores directos incluyen a:
- Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor: Exvocales del CPCCS (Liga Azul).
- Andrés Arauz: Excandidato presidencial por la RC.
- Nicole Bonifaz: Actual consejera del CPCCS.
- Esther Cuesta y Raúl González.
El caso se sustenta, en gran medida, en la información extraída de los teléfonos celulares de Augusto Verduga, incautados en 2025. Según la acusación, los dispositivos contienen chats y documentos que evidencian una planificación para dilatar decisiones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y asegurar el nombramiento de autoridades afines.
Pugna de poderes y exclusión de pruebas
La diligencia no solo cuenta con la acusación de la Fiscalía, sino también con el Consejo de Participación Ciudadana como acusador particular, que solicita juicio no solo por asociación ilícita, sino también por tráfico de influencias. El origen del caso se remonta a una denuncia de Roberto Romero von Buchwald, actual superintendente de Bancos, en medio de una encarnizada disputa con Raúl González por dicha institución.
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Tras el receso dispuesto al mediodía, la audiencia se reinstaló por la tarde para que las partes procesales se pronuncien sobre la exclusión de pruebas y posibles acuerdos probatorios. Una vez concluida esta fase técnica, la jueza Camacho deberá anunciar si llama a juicio a los siete investigados o si dicta el sobreseimiento de algunos de ellos, una decisión que marcará el futuro político de varios de los implicados de cara a los próximos ciclos electorales.
Información externa Tráfico de influencias
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