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Katerinne Orquera
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Este año se cumplen 40 años del desastre de Chernóbil, al tiempo que el gobierno ecuatoriano inicia un programa nuclear para construir dos reactores (un RNE1 y otro de 1 GW) para cubrir 9% de la generación eléctrica, en un plazo de diez años. Según el régimen, la idea se desarrolló con el apoyo del OIE, organismo de la ONU, que regula el sector y asesoró en la elaboración de la ley presentada en julio por el entonces viceministro de Energía, Fabián Calero.
La propuesta genera preguntas que deberían absolverse antes de emprender en esa ruta: cómo se explica que el ente regulador incentive la construcción de centrales nucleares y que se mantenga una propuesta de Calero, demandado por el propio Estado como parte de la ‘red criminal’ de Progen y parte del equipo que contrató a Australian Technical Group, que estafaron al país en 140 millones de dólares.
En lo económico, no hay cifras, pero según información internacional la inversión mínima sería de 7 800 millones (1 800 millones la pequeña y 6 000 millones la grande), un 17% del presupuesto 2026. Tampoco se dice cuánto costará la compra, enriquecimiento e importación del uranio que requieren las centrales, los servicios de mantenimiento, gestión de residuos y manejo técnico, ni por qué se construye un RNE1 que, según expertos, no sirve para la generación masiva de energía.
En el aspecto ambiental, aunque el Ejecutivo asegura que se trata de energía ‘limpia’ porque no emite CO2, omite decir que los residuos radiactivos son peligrosos durante miles de años, las centrales requieren enormes cantidades de agua y que un incidente volvería inhabitable la zona donde operen las centrales.
Pero el mayor asombro es el empeño en un proyecto tan costoso, altamente contaminante y demorado, cuando CELEC maneja proyectos de energía renovable, infinitamente más económicos: el geotérmico Chachimbiro cuesta máximo 80 millones (menos del diez por ciento del nuclear) tiene una capacidad inicial de 50 MW, ya tiene financiamiento de Japón y estará finalizado en 2029 (cinco años antes que la propuesta nuclear); y el binacional Tufiño-Chiles-Cerro Negro, requiere 1 380 millones de dólares (6 420 millones menos que el nuclear), será pagado también por Colombia y generará 3 000 megavatios de energía limpia, nueve veces más que los 300 de energía nuclear.
¿Vale la pena la inversión y el riesgo de radiación cuando para cubrir solo el 9% de la matriz energética? Si el gobierno busca el bien del país más bien debería revisar lo hecho en Uruguay que, en solo 17 años, pasó de carecer de electricidad a producir energía limpia, incluso para exportar.
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La propuesta genera preguntas que deberían absolverse antes de emprender en esa ruta: cómo se explica que el ente regulador incentive la construcción de centrales nucleares y que se mantenga una propuesta de Calero, demandado por el propio Estado como parte de la ‘red criminal’ de Progen y parte del equipo que contrató a Australian Technical Group, que estafaron al país en 140 millones de dólares.
En lo económico, no hay cifras, pero según información internacional la inversión mínima sería de 7 800 millones (1 800 millones la pequeña y 6 000 millones la grande), un 17% del presupuesto 2026. Tampoco se dice cuánto costará la compra, enriquecimiento e importación del uranio que requieren las centrales, los servicios de mantenimiento, gestión de residuos y manejo técnico, ni por qué se construye un RNE1 que, según expertos, no sirve para la generación masiva de energía.
En el aspecto ambiental, aunque el Ejecutivo asegura que se trata de energía ‘limpia’ porque no emite CO2, omite decir que los residuos radiactivos son peligrosos durante miles de años, las centrales requieren enormes cantidades de agua y que un incidente volvería inhabitable la zona donde operen las centrales.
Pero el mayor asombro es el empeño en un proyecto tan costoso, altamente contaminante y demorado, cuando CELEC maneja proyectos de energía renovable, infinitamente más económicos: el geotérmico Chachimbiro cuesta máximo 80 millones (menos del diez por ciento del nuclear) tiene una capacidad inicial de 50 MW, ya tiene financiamiento de Japón y estará finalizado en 2029 (cinco años antes que la propuesta nuclear); y el binacional Tufiño-Chiles-Cerro Negro, requiere 1 380 millones de dólares (6 420 millones menos que el nuclear), será pagado también por Colombia y generará 3 000 megavatios de energía limpia, nueve veces más que los 300 de energía nuclear.
¿Vale la pena la inversión y el riesgo de radiación cuando para cubrir solo el 9% de la matriz energética? Si el gobierno busca el bien del país más bien debería revisar lo hecho en Uruguay que, en solo 17 años, pasó de carecer de electricidad a producir energía limpia, incluso para exportar.
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