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Eliana Morales Gil
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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dirigido por Felipe Chapman, ejecutó entre diciembre de 2024 y septiembre de 2025 más de $5.5 millones en transferencias discrecionales a municipios y juntas comunales, todas refrendadas por la Contraloría General de la República a cargo de Anel Flores.
El monto total de las transferencias podría ser aún mayor. La Prensa solo tuvo acceso a una parte de los registros refrendados por la Contraloría, por lo que no se descarta que existan otras asignaciones no incluidas en esta noticia.
Los giros se realizaron al margen de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), la institución creada por ley para administrar y distribuir los fondos destinados al fortalecimiento municipal.
La operación revive el fantasma de la “descentralización paralela”, uno de los mayores escándalos de la administración de Laurentino Cortizo, cuando el Ejecutivo utilizó mecanismos discrecionales y políticos para transferir al menos $300 millones a gobiernos locales controlados por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otros aliados.
De acuerdo a documentos oficiales que obtuvo este medio, entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de 2024, el MEF tramitó y consiguió que la Contraloría refrendara casi $4 millones en transferencias a diversos municipios, la mayoría bajo un mismo monto: $150,000 por cada giro.
El municipio más favorecido fue San Carlos, que recibió al menos $700,300 en cinco transferencias:
El alcalde de San Carlos es Antonio “Pope” Bernal, miembro del partido Realizando Metas (RM). La Prensa contactó con su despacho, pero no obtuvo respuesta. En cuanto brinde su versión, será incorporada a esta noticia.
[IMG alt="Antonio Pope Bernal, alcalde de San Carlos.
Foto: Municipio de San Carlos"]https://www.prensa.com/resizer/v2/P...eee94&smart=true&width=2560&height=2036[/IMG]
Le siguen Bugaba, Chiriquí; con $600,000; Pedasí, Los Santos; y Pinogana, Darién, con $450,000 cada uno.
El alcalde de Bugaba es Rafael Tito Quintero; el de Pedasí es Miguel Batista, y la de Pinogana es Jannelle Dadineth González. Los tres pertenecen al partido Cambio Democrático.
Municipios como Chagres, La Chorrera, Tierras Altas, Tolé, Mironó, Portobelo, Macaracas, Renacimiento, Olá, Mariato, Changuinola, Aguadulce y Santa Fe recibieron $150,000 cada uno.
Otros montos menores también figuran en los registros refrendados: $100,000 para Parita y $50,000 para Los Pozos y Chame.
La lista incluye asimismo una transferencia por $150,000 a la Junta Comunal de El Chorrillo, refrendada el 3 de diciembre de 2024.
El representante de esta junta comunal es el también diputado Sergio Chello Gálvez, también de RM.
En total, las asignaciones discrecionales refrendadas suman $5,550,300.
La Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) aparece con cuatro solicitudes de transferencias por un total de $580,000, pero ninguna avanzó en la Contraloría.
Las cuatro quedaron clasificadas como “Enviado a subsanar”, lo que significa que no cumplieron con los requisitos formales o la documentación no fue aceptada.
La presidenta de Amupa es Jannelle Dadineth González, del partido Cambio Democrático, quien a su vez es la alcaldesa de Pinogana, Darién, comuna que recibió $450 mil.
[IMG alt="Jannelle Dadineth González, presidenta de Amupa.
Foto: Tomada de Amupa"]https://www.prensa.com/resizer/v2/3...4792e46&smart=true&width=210&height=240[/IMG]
Consultado por La Prensa sobre por qué estas transferencias se hicieron por fuera de la AND y sin seguir el mecanismo regular de descentralización, el MEF respondió por escrito que la institución tiene facultades concurrentes y constitucionales para transferir dinero directamente a los municipios.
En su respuesta el ministerio explicó que: el artículo 233 de la Constitución obliga al Órgano Ejecutivo a garantizar los fines municipales mediante la transferencia de competencias y recursos.
También agregó que la entidad conserva la capacidad legal de efectuar transferencias directas, adicionales a las manejadas por la AND, para sostener la estructura administrativa mínima obligatoria de los municipios y enfrentar insuficiencias de gestión, según los artículos 88 y 133 de la Ley 37 de 2009 y el artículo 6 de la Ley 106 de 1973.
Además argumenta la entidad que el Ejecutivo puede complementar la gestión municipal cuando resulte insuficiente o existan razones de interés general, de acuerdo con el artículo 236 de la Constitución.
Sobre la uniformidad de los montos, la mayoría por $150,000, el MEF argumentó que se trata de un criterio técnico asociado a costos operativos comunes de la estructura administrativa municipal básica, afirmando que la ley no exige diferenciar montos por población para las transferencias corrientes.
También indicó que la intervención de la AND no es obligatoria cuando se trate de transferencias corrientes realizadas bajo las competencias del MEF, por lo que no es necesario consultarla previamente.
Pese a los argumentos legales, el MEF no detalló los criterios específicos utilizados para seleccionar a los municipios beneficiados ni la metodología empleada para determinar necesidades operativas o insuficiencias administrativas.
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El monto total de las transferencias podría ser aún mayor. La Prensa solo tuvo acceso a una parte de los registros refrendados por la Contraloría, por lo que no se descarta que existan otras asignaciones no incluidas en esta noticia.
Los giros se realizaron al margen de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), la institución creada por ley para administrar y distribuir los fondos destinados al fortalecimiento municipal.
La operación revive el fantasma de la “descentralización paralela”, uno de los mayores escándalos de la administración de Laurentino Cortizo, cuando el Ejecutivo utilizó mecanismos discrecionales y políticos para transferir al menos $300 millones a gobiernos locales controlados por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y otros aliados.
San Carlos, el favorito
De acuerdo a documentos oficiales que obtuvo este medio, entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de 2024, el MEF tramitó y consiguió que la Contraloría refrendara casi $4 millones en transferencias a diversos municipios, la mayoría bajo un mismo monto: $150,000 por cada giro.
El municipio más favorecido fue San Carlos, que recibió al menos $700,300 en cinco transferencias:
- $150,000 el 27 de noviembre de 2024
- $150,000 el 3 de diciembre de 2024
- $150,000 el 30 de diciembre de 2024
- $300 el 26 de febrero de 2025
- $250,000 el 25 de septiembre de 2025
El alcalde de San Carlos es Antonio “Pope” Bernal, miembro del partido Realizando Metas (RM). La Prensa contactó con su despacho, pero no obtuvo respuesta. En cuanto brinde su versión, será incorporada a esta noticia.
[IMG alt="Antonio Pope Bernal, alcalde de San Carlos.
Foto: Municipio de San Carlos"]https://www.prensa.com/resizer/v2/P...eee94&smart=true&width=2560&height=2036[/IMG]
Le siguen Bugaba, Chiriquí; con $600,000; Pedasí, Los Santos; y Pinogana, Darién, con $450,000 cada uno.
El alcalde de Bugaba es Rafael Tito Quintero; el de Pedasí es Miguel Batista, y la de Pinogana es Jannelle Dadineth González. Los tres pertenecen al partido Cambio Democrático.
Municipios como Chagres, La Chorrera, Tierras Altas, Tolé, Mironó, Portobelo, Macaracas, Renacimiento, Olá, Mariato, Changuinola, Aguadulce y Santa Fe recibieron $150,000 cada uno.
Otros montos menores también figuran en los registros refrendados: $100,000 para Parita y $50,000 para Los Pozos y Chame.
La lista incluye asimismo una transferencia por $150,000 a la Junta Comunal de El Chorrillo, refrendada el 3 de diciembre de 2024.
El representante de esta junta comunal es el también diputado Sergio Chello Gálvez, también de RM.
En total, las asignaciones discrecionales refrendadas suman $5,550,300.
El caso de Amupa
La Asociación de Municipios de Panamá (AMUPA) aparece con cuatro solicitudes de transferencias por un total de $580,000, pero ninguna avanzó en la Contraloría.
Las cuatro quedaron clasificadas como “Enviado a subsanar”, lo que significa que no cumplieron con los requisitos formales o la documentación no fue aceptada.
La presidenta de Amupa es Jannelle Dadineth González, del partido Cambio Democrático, quien a su vez es la alcaldesa de Pinogana, Darién, comuna que recibió $450 mil.
[IMG alt="Jannelle Dadineth González, presidenta de Amupa.
Foto: Tomada de Amupa"]https://www.prensa.com/resizer/v2/3...4792e46&smart=true&width=210&height=240[/IMG]
La versión del MEF
Consultado por La Prensa sobre por qué estas transferencias se hicieron por fuera de la AND y sin seguir el mecanismo regular de descentralización, el MEF respondió por escrito que la institución tiene facultades concurrentes y constitucionales para transferir dinero directamente a los municipios.
En su respuesta el ministerio explicó que: el artículo 233 de la Constitución obliga al Órgano Ejecutivo a garantizar los fines municipales mediante la transferencia de competencias y recursos.
También agregó que la entidad conserva la capacidad legal de efectuar transferencias directas, adicionales a las manejadas por la AND, para sostener la estructura administrativa mínima obligatoria de los municipios y enfrentar insuficiencias de gestión, según los artículos 88 y 133 de la Ley 37 de 2009 y el artículo 6 de la Ley 106 de 1973.
Además argumenta la entidad que el Ejecutivo puede complementar la gestión municipal cuando resulte insuficiente o existan razones de interés general, de acuerdo con el artículo 236 de la Constitución.
Sobre la uniformidad de los montos, la mayoría por $150,000, el MEF argumentó que se trata de un criterio técnico asociado a costos operativos comunes de la estructura administrativa municipal básica, afirmando que la ley no exige diferenciar montos por población para las transferencias corrientes.
También indicó que la intervención de la AND no es obligatoria cuando se trate de transferencias corrientes realizadas bajo las competencias del MEF, por lo que no es necesario consultarla previamente.
Pese a los argumentos legales, el MEF no detalló los criterios específicos utilizados para seleccionar a los municipios beneficiados ni la metodología empleada para determinar necesidades operativas o insuficiencias administrativas.
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