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Katerinne Orquera
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El Ejecutivo decidió intervenir en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Ya hizo aprobar la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia que, entre otras cosas, permite la venta de la cartera vencida, la prenda de inversiones y modifica la designación de directivos. Además, el Jefe de Gobierno sostiene que la doble función de asegurador y prestador de salud del Instituto es ‘insostenible’, por lo que plantea unificarlo con el Ministerio de Salud.
Pero ¿el Ejecutivo tiene la competencia de tomar decisiones en el IESS, como si fuera un ministerio? La respuesta corta es no. Y esto es así porque desde su creación, en 1936, el financiamiento de la Caja del Seguro es tripartita, sus recursos provienen de los empleadores, de los trabajadores y del Estado, todos ellos aportaron para la construcción de la infraestructura hospitalaria en la década de 1950, por lo que la pretensión de disponer de esos recursos por parte de un solo miembro constituiría un acto de expoliación.
En 1974, cuando la Caja del Seguro pasó a ser el IESS, se crearon los primeros sistemas de seguros, las pensiones estructuradas, los programas de salud rurales y se buscó incluir a la población rural y no asalariada en el sistema, bajo el principio de solidaridad, que aún rige, el cual consiste en que todos los afiliados contribuyen a financiar las prestaciones básicas y se apoyan mutuamente, precisamente para no depender de clínicas ni seguros privados.
De ahí que varias organizaciones sociales presenten demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, aprobada en octubre, en primer lugar porque no fue debatida, pero también porque vulnera el derecho a la seguridad social, pone en riesgo las reservas del IESS, abre paso a una privatización indirecta, facilita un endeudamiento que compromete la sostenibilidad del sistema, todo mediante la indebida intervención del Ejecutivo, que tendría mayor influencia en el Consejo Directivo.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que el Estado pretende intervenir en el IESS. En 1995, Sixto Durán Ballén llamó a un referéndum sobre el cambio del régimen de seguridad social. La respuesta mayoritaria fue no, con 61,5% de los votos válidos. Un porcentaje similar al de las cuatro preguntas de la última consulta popular, lo que debería llamar a la reflexión a las autoridades nacionales sobre la forma y el fondo de las decisiones que toman.
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Pero ¿el Ejecutivo tiene la competencia de tomar decisiones en el IESS, como si fuera un ministerio? La respuesta corta es no. Y esto es así porque desde su creación, en 1936, el financiamiento de la Caja del Seguro es tripartita, sus recursos provienen de los empleadores, de los trabajadores y del Estado, todos ellos aportaron para la construcción de la infraestructura hospitalaria en la década de 1950, por lo que la pretensión de disponer de esos recursos por parte de un solo miembro constituiría un acto de expoliación.
En 1974, cuando la Caja del Seguro pasó a ser el IESS, se crearon los primeros sistemas de seguros, las pensiones estructuradas, los programas de salud rurales y se buscó incluir a la población rural y no asalariada en el sistema, bajo el principio de solidaridad, que aún rige, el cual consiste en que todos los afiliados contribuyen a financiar las prestaciones básicas y se apoyan mutuamente, precisamente para no depender de clínicas ni seguros privados.
De ahí que varias organizaciones sociales presenten demandas de inconstitucionalidad contra la Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, aprobada en octubre, en primer lugar porque no fue debatida, pero también porque vulnera el derecho a la seguridad social, pone en riesgo las reservas del IESS, abre paso a una privatización indirecta, facilita un endeudamiento que compromete la sostenibilidad del sistema, todo mediante la indebida intervención del Ejecutivo, que tendría mayor influencia en el Consejo Directivo.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que el Estado pretende intervenir en el IESS. En 1995, Sixto Durán Ballén llamó a un referéndum sobre el cambio del régimen de seguridad social. La respuesta mayoritaria fue no, con 61,5% de los votos válidos. Un porcentaje similar al de las cuatro preguntas de la última consulta popular, lo que debería llamar a la reflexión a las autoridades nacionales sobre la forma y el fondo de las decisiones que toman.
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