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Laura Martínez Quesada
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El presidente de Costa Rica Rodrigo Chaves habló de “limpiar” el país de comunistas… No fue solo una frase: la acompañó con gestos que sugerían que no hablaba de adversarios políticos, sino de algo que hay que eliminar.
Costa Rica se suma así a una tendencia regional inquietante en la que las autoridades, mayoritaria e irónicamente hombres que posiblemente nunca tocaron un trapo, quieren “limpiar”. Quieren eliminar comunistas, feministas, ambientalistas, globalistas, todo aquello que incomoda al poder.
No se trata solo de retórica incendiaria sino de un programa político cuyo motor es el odio a la diferencia y los controles.
Ya no estamos principalmente ante golpes de Estado o cambios abruptos del régimen político. Vivimos cambios más sutiles y, por eso mismo, más difíciles de detectar: una erosión democrática gradual que se apoya en leyes, procedimientos administrativos y, sobre todo, en discursos que redefinen quién tiene derecho a participar en la vida pública.
En distintos países de la región, los gobiernos han impulsado leyes que restringen la acción de organizaciones sociales, especialmente aquellas vinculadas a derechos humanos, el género o el ambiente. En la práctica funcionan como mecanismos de disciplinamiento.
El proceso sigue un patrón. Primero, se construye una narrativa: unas personas con tales o cuales características se convierten en sospechosas. Se las acusa de responder a intereses extranjeros, de desestabilizar gobiernos o de promover agendas “ajenas” a la nación.
Luego, esa narrativa se traduce en legislación: registros obligatorios, controles financieros, impuestos a la cooperación internacional o incluso la figura de “agente extranjero” como en El Salvador y Nicaragua.
Finalmente llegan las medidas administrativas. Auditorías, sanciones, trabas burocráticas, sin prohibir explícitamente, asfixian el quehacer de las personas y organizaciones.
No hace falta prohibir la disidencia si se la puede asfixiar.
Este proceso no ocurre en el vacío. Se inscribe en un contexto más amplio de polarización ideológica construida y alimentada por estos mismos liderazgos, un día sí y otro también. Como señalan diversos análisis recientes, las nuevas derechas no se limitan a disputar políticas económicas, sino que buscan transformar el sentido común: redefinir lo bueno, lo aceptable, la pertenencia.
En este marco, conceptos como “soberanía” adquieren un nuevo significado. Ya no se refieren únicamente a la relación entre países, sino que se utilizan para la cacería de brujas. La cooperación internacional, es injerencia; las organizaciones sociales, son agentes externos.
Algo similar ocurre con el discurso de seguridad. Las organizaciones críticas de la “mano dura” son presentadas como amenazas al orden público y a la estabilidad institucional. Lo que antes era participación social se vuelve un riesgo.
Pero quizás lo más preocupante no sea la existencia de estas políticas sino su creciente normalización. Muchas de estas reformas se aprueban dentro de marcos legales, con procedimientos formales y justificaciones técnicas. Estamos ante el uso del derecho para limitar derechos y ejercer así máximo control.
Mientras tanto, el tejido social se fragmenta. Las organizaciones más pequeñas o críticas son las más vulnerables. Algunas desaparecen; otras sobreviven adaptándose, despolitizándose. El efecto es una sociedad civil más débil y menos capaz de ejercer control, justo, lo que se busca.
Frente a este panorama, la consigna de “limpiar” revela su verdadero alcance. No se trata solo de excluir a ciertos actores, sino de redefinir las reglas del juego democrático arrogándose el derecho de decidir quiénes pueden hablar, quiénes pueden organizarse, quiénes pueden cuestionar y controlar. Y también quiénes sobran.
Frente a esto, en distintos países los movimientos sociales —en particular feministas, ambientalistas, sindicatos y organizaciones de derechos humanos— han mostrado una notable capacidad de resistencia. Han logrado defender conquistas y sostener espacios de acción.
La pregunta es cuánto pueden resistir y quién se responsabiliza en ayudarles.
Al final, una democracia no se mide únicamente por sus elecciones, sino por la vitalidad de su espacio público. Y cuando ese espacio se “limpia” de voces incómodas lo que está en juego no es un sector u otro, sino la existencia de ciudadanía y el fin del sistema democrático.
Estamos avisados y avisadas. Y aunque usted no sea comunista, preocúpese de todas maneras; pronto le puede tocar.
La entrada ¿Limpiar de comunistas, feministas… y todo lo que estorbe? aparece primero en Semanario Universidad.
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