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Kurt Freund Ruf
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Cuando un Gobierno ataca sistemáticamente a su propio pueblo, el mismo elimina cualquier autoridad moral para cuestionar los motivos de quien interfiere para poner fin a ese sufrimiento. En este escenario, incluso una acción impulsada por intereses no exclusivamente humanitarios se vuelve necesaria, legítima y moralmente correcta, porque la alternativa concreta sería la continuidad de la opresión.
Cuando Donald Trump declaró que la única limitación de su acción global y su “propia moralidad” y que “no necesita el derecho internacional”, no estaba formulando una simple bravuconada. Estaba articulando una doctrina explícita del poder, desnudando una tensión fundamental del orden internacional del siglo XXI: la confrontación entre la fuerza material y la norma jurídica. La intervención militar estadounidense en Venezuela, que culminó con la captura del “presidente” Nicolás Maduro, se dirige como el caso práctico más crudo de esta filosofía, un experimento geopolítico que resuena desde las teorías de Hobbes hasta las crisis contemporáneas.
La afirmación de Trump representa una ruptura consciente con el marco multilateral que ordenó las relaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Al situar su juicio personal por encima del derecho internacional, el presidente estadounidense revive una visión hobbesiana donde, ante la ausencia de un soberano Global, con poder efectivo, los estados vuelven a un estado de naturaleza en el que imprime la fuerza, y hemos sido testigos de esto los últimos cuatro años con el ataque e invasión rusa a Ucrania.
Su asesor, Stephen Miller, lo tradujo sin ambajes. “Vivimos en un mundo que se rige por la fortaleza, por las fuerzas, por el poder”. Esta postura no es improvisada, es la culminación de una desconfianza de larga data hacia tratados y organismos multilaterales, ahora elevada a principio rector de la política exterior.
La operación del 3 de enero de 2026, donde fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas para juzgarlo en Nueva York por narcoterrorismo, es la aplicación formativa de esta doctrina. Washington defendió el acto necesario y legítimo “negando que fuese un acto de guerra y calificando a Maduro como un narcotraficante acusado; y un presidente ilegítimo”. Sin embargo, para la mayoría de la comunidad internacional y expertos jurídicos, la operación constituyó una violación clara de la carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado, salvo en legítima defensa o con autorización del Consejo de seguridad.
¿Cuáles han sido las reacciones internacionales a abrir? ONU: El Secretario General Antonio Guterres pidió respeto al derecho internacional y advirtió sobre el riesgo de inestabilidad. Rusia y China condenaron enérgicamente. La acción, calificándola de “criminal y de pisoteo” a la soberanía. Europa: Países como Francia y España expresaron profunda preocupación, señalando que afecta la paz y sienta un precedente muy preocupante. Argentina y Ecuador fueron de las pocas naciones en respaldar abiertamente la operación, calificando al régimen de Maduro como una amenaza regional.
La intervención revivió un debate filosófico-jurídico ancestral. Por un lado, juristas como Christoph Shaferling sostienen que, al margen de la naturaleza del régimen, la operación fue un secuestro ilegal que acaba con el principio de soberanía, piedra angular del sistema interestatal. Por otro lado, surgen argumentos que, resonando con la “responsabilidad de proteger“, cuestionan si la soberanía es un escudo absoluto para un gobierno, acusado de provocar una tragedia humana, controlar el manejo de narcotráfico y reprimir brutalmente a su pueblo.
La paradoja es evidente: el acto que, desde una perspectiva formalista, es una violación del derecho, es celebrado por amplios segmentos de la población venezolana, oprimida y refugiada en el exilio, exponiendo la crisis de legitimidad de un orden internacional percibido como paralizado ante atrocidades. Algunos expertos reflexionan que la operación es “un duro golpe contra la dictadura”, pero también un golpe a los principios fundamentales de derecho. Pero también hay que considerar que no tienen derecho a reclamo quienes falsearon los resultados de elecciones. Legítimas en Venezuela, donde los vencedores fueron Edmundo Gutiérrez y María Corina Machado.
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Cuando Donald Trump declaró que la única limitación de su acción global y su “propia moralidad” y que “no necesita el derecho internacional”, no estaba formulando una simple bravuconada. Estaba articulando una doctrina explícita del poder, desnudando una tensión fundamental del orden internacional del siglo XXI: la confrontación entre la fuerza material y la norma jurídica. La intervención militar estadounidense en Venezuela, que culminó con la captura del “presidente” Nicolás Maduro, se dirige como el caso práctico más crudo de esta filosofía, un experimento geopolítico que resuena desde las teorías de Hobbes hasta las crisis contemporáneas.
La afirmación de Trump representa una ruptura consciente con el marco multilateral que ordenó las relaciones internacionales después de la Segunda Guerra Mundial. Al situar su juicio personal por encima del derecho internacional, el presidente estadounidense revive una visión hobbesiana donde, ante la ausencia de un soberano Global, con poder efectivo, los estados vuelven a un estado de naturaleza en el que imprime la fuerza, y hemos sido testigos de esto los últimos cuatro años con el ataque e invasión rusa a Ucrania.
Su asesor, Stephen Miller, lo tradujo sin ambajes. “Vivimos en un mundo que se rige por la fortaleza, por las fuerzas, por el poder”. Esta postura no es improvisada, es la culminación de una desconfianza de larga data hacia tratados y organismos multilaterales, ahora elevada a principio rector de la política exterior.
La operación del 3 de enero de 2026, donde fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Maduro en Caracas para juzgarlo en Nueva York por narcoterrorismo, es la aplicación formativa de esta doctrina. Washington defendió el acto necesario y legítimo “negando que fuese un acto de guerra y calificando a Maduro como un narcotraficante acusado; y un presidente ilegítimo”. Sin embargo, para la mayoría de la comunidad internacional y expertos jurídicos, la operación constituyó una violación clara de la carta de las Naciones Unidas, que prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado, salvo en legítima defensa o con autorización del Consejo de seguridad.
¿Cuáles han sido las reacciones internacionales a abrir? ONU: El Secretario General Antonio Guterres pidió respeto al derecho internacional y advirtió sobre el riesgo de inestabilidad. Rusia y China condenaron enérgicamente. La acción, calificándola de “criminal y de pisoteo” a la soberanía. Europa: Países como Francia y España expresaron profunda preocupación, señalando que afecta la paz y sienta un precedente muy preocupante. Argentina y Ecuador fueron de las pocas naciones en respaldar abiertamente la operación, calificando al régimen de Maduro como una amenaza regional.
La intervención revivió un debate filosófico-jurídico ancestral. Por un lado, juristas como Christoph Shaferling sostienen que, al margen de la naturaleza del régimen, la operación fue un secuestro ilegal que acaba con el principio de soberanía, piedra angular del sistema interestatal. Por otro lado, surgen argumentos que, resonando con la “responsabilidad de proteger“, cuestionan si la soberanía es un escudo absoluto para un gobierno, acusado de provocar una tragedia humana, controlar el manejo de narcotráfico y reprimir brutalmente a su pueblo.
La paradoja es evidente: el acto que, desde una perspectiva formalista, es una violación del derecho, es celebrado por amplios segmentos de la población venezolana, oprimida y refugiada en el exilio, exponiendo la crisis de legitimidad de un orden internacional percibido como paralizado ante atrocidades. Algunos expertos reflexionan que la operación es “un duro golpe contra la dictadura”, pero también un golpe a los principios fundamentales de derecho. Pero también hay que considerar que no tienen derecho a reclamo quienes falsearon los resultados de elecciones. Legítimas en Venezuela, donde los vencedores fueron Edmundo Gutiérrez y María Corina Machado.
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