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Gabriela Quiroz
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Reducir la desnutrición infantil, duplicar el crédito agropecuario, tecnificar casi 40 mil hectáreas y cuadruplicar la cobertura del seguro agrícola en 10 años. Esa es la magnitud de las metas que fija la política pública de Estado para el sector agropecuario 2025–2034, llamada ‘Manos para el Campo’.
La hoja de ruta no solo plantea objetivos técnicos de largo plazo. También expone una tensión estructural: ¿Puede el sector agropecuario -con una morosidad crediticia que supera el 25%, baja adopción de tecnología y financiamiento sujeto a presupuestos anuales– sostener una transformación productiva de esta escala durante una década?
El agro no es un sector marginal ni residual. Es un pilar del empleo rural y un componente clave del valor agregado productivo del país. La política agropecuaria 2025-2034 plantea elevar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en 2024 a 169,36 en 2034 y aumentar la inversión en investigación hasta el 1% del PIB agrícola.
Pero la línea base revela fragilidades profundas. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, apenas 18,45% de pequeños y medianos productores contaba con riego tecnificado en 2023. La penetración del seguro agropecuario se ubicaba en 0,9%. Y de acuerdo con cifras de cartera vigentes de BanEcuador (2025), la morosidad del crédito agrícola alcanza el 25,67%.
A esto se suma la brecha tecnológica: en cultivos clave como la papa, solo 2% de la superficie usa semilla certificada, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (ESPAC 2024). Estas cifras son el punto de partida real desde el cual la política intenta cerrar brechas de productividad, financiamiento y resiliencia climática. Ahora, la pregunta es si el entorno financiero, institucional y tecnológico permite sostener la transformación del agro sin que las metas queden en papel.
La política agropecuaria 2025-2034 organiza su intervención en diez ejes. Leídos en conjunto, muestran una intención de reforma integral. Analizados en detalle revelan brechas, límites y condicionantes.
El primer eje parte de un diagnóstico implícito: Ecuador produce menos de lo que podría. El Índice de Productividad Agrícola (IPA) estuvo en 145,82 en 2024 y la meta es subir a 169,36 en 2034, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Para lograrlo, la política plantea elevar la inversión en investigación hasta 1% del PIB agrícola. Ese indicador -conocido como índice de intensidad en I+D- mide cuánto se invierte en investigación agropecuaria en relación con el valor total que genera el sector. Hoy ese porcentaje ronda el 0,11%, según el INIAP. Es decir, está lejos del 1% planteado y por debajo de estándares internacionales.
El presupuesto del INIAP muestra la dimensión del desafío. En 2025 registró 13 millones de dólares en gasto corriente, tres millones de dólares, vía FIASA y 423 139 dólares en inversión. Para 2026, el gasto corriente sube apenas a 13,25 millones y el FIASA a cuatro millones. La inversión llega a 484 840 dólares.
El aumento es marginal frente al salto estructural que implica pasar de 0,11% a 1% del PIB agrícola en I+D. El propio INIAP admite que el presupuesto actual permite operar, pero no cerrar la brecha histórica de innovación. La tensión es evidente: la meta es ambiciosa; el músculo financiero aún es limitado.
El segundo eje busca reducir la intermediación y fortalecer la venta directa. Desde 2020, el MAG reporta 828 procesos de vinculación comercial entre asociaciones y supermercados, industrias o exportadoras.
Sin embargo, ese número acumulado no significa que existan 828 asociaciones consolidadas en mercados formales. El Ministerio reconoce que la comercialización individual sigue predominando.
Actualmente hay 10 244 organizaciones agroproductivas registradas, pero solo 4 210 están activas. Es decir, 41% de las organizaciones formalmente constituidas tiene actividad operativa.
La meta al 2034 es que 340 asociaciones estén vinculadas a mercados (hoy son 100) y que las ventas directas pasen de 21,9 millones de dólares en 2024 a 30,8 millones de dólares. El desafío aquí es empresarial: ¿cómo convertir organizaciones legales en empresas rurales competitivas y sostenibles?
La cobertura de riego tecnificado para pequeños y medianos productores era de 18,45% en 2023. La meta es llegar al 30% en 2034. Hoy existen 62 640 hectáreas con riego tecnificado, según el MAG. Y para cumplir la meta se deben incorporar 38 894 hectáreas adicionales en diez años. El costo estimado es de 233 millones de dólares, calculado en seis mil dólares por hectárea.
Las provincias con mayor déficit hídrico -El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Loja, Bolívar, Azuay, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi- concentran buena parte de la vulnerabilidad productiva.
Aquí el vacío no es técnico: el costo está estimado y las hectáreas están identificadas. La interrogante es financiera. No hay un cronograma plurianual aprobado por el Ministerio de Finanzas. La inversión dependerá de asignaciones anuales. La política es decenal, mientras el presupuesto es anual.
De las 4 210 organizaciones activas, la meta es fortalecer 368 que agreguen valor a su producción hasta 2034. No se trata solo de producir más, sino de transformar, empacar y vender mej-or.
El MAG trabaja en reforma al reglamento LOEPS para fortalecer cooperativas productivas. La brecha aquí es de gestión empresarial más que legal.
5,5% de las Unidades de Producción Agropecuaria aplica prácticas de mitigación o adaptación climática (línea base 2023). La meta es llegar al 10% en 2034.
El INIAP ha desarrollado variedades resistentes a sequía -como trigo INIAP-Vivar-, arroz resistente al acame y papa tolerante a enfermedades como tizón tardío. También trabaja en sistemas agroforestales y medición de carbono en suelos. Sin embargo, la cobertura de estas innovaciones aún es limitada frente a la magnitud territorial del riesgo climático. Lo que falta aquí no es científico, sino de escala: ¿cómo masificar tecnologías resilientes cuando la adopción tecnológica es baja?
Una campesina presenta su cultivo por sistema de riego en la comunidad de Nutiluisa, Palmira. Foto: EFE
El indicador de satisfacción del usuario externo del MAG es 88% (línea base 2024) y se mantiene como meta 2034. Ni el INIAP ni BanEcuador detallaron reformas estructurales profundas en trámites digitales o tiempos de respuesta. El eje apunta a simplificación y mejora progresiva, pero no se fija metas cuantificables de reducción de costos o tiempos. En una política que busca reingeniería productiva, la modernización institucional aparece como el eje menos disruptivo.
La Agricultura Familiar Campesina -productores cuya principal fuente de ingreso proviene de su unidad productiva familiar- es uno de los ejes más visibles. Hoy, 19,3% de productores AFC están vinculados a sistemas de comercialización. La meta es llegar a 34% en 2034.
En crédito, BanEcuador destinó en 2025 un 15% de su colocación agropecuaria a productos exclusivos AFC, equivalente a 49,3 millones de dólares en 6 272 operaciones. El 65% de esos créditos fue para mujeres. Es uno de los pocos ejes con datos claros de enfoque de género.
El límite es que AFC sigue representando una porción minoritaria del total de crédito agropecuario.
La política fija como meta reducir la desnutrición crónica infantil del 17,5% registrado en 2023 al 11,67% en 2034. Sin embargo, el documento no detalla un programa agro-nutricional específico que explique cómo el aumento de productividad se traducirá directamente en mejora nutricional.
El vínculo es conceptual: más producción y soberanía alimentaria deberían mejorar acceso a alimentos. Pero no se desarrolla un mecanismo operativo concreto. El riesgo es que la meta social quede desconectada de las herramientas productivas.
Entre 2021 y 2025, BanEcuador colocó 1 560 millones de dólares en crédito agropecuario en 244 480 operaciones. La meta es que el monto anual supere los 1 143 millones de dólares en 2034.
Pero la morosidad agrícola -según cartera vigente 2025- alcanza 25,67%. Es decir, una cuarta parte de la cartera agrícola presenta incumplimientos. En consecuencia, la expansión del crédito sin reducción significativa del riesgo productivo puede tensionar la sostenibilidad financiera pública.
En seguros, en 2025 se beneficiaron 38 007 productores con 49 021 hectáreas aseguradas. La penetración es de 0,9% y la meta es 4,2%.
El INIAP capacitó a 21 122 productores hasta 2025 y prevé atender 5 320 en 2026. La meta es pasar de 100 a 1 100 Escuelas de Capacitación Pecuaria al 2034. Pero frente a 850 mil unidades productivas, la cobertura sigue siendo limitada. El salto, además, requiere no solo capacitación, sino de infraestructura digital y conectividad rural.
La política proyecta 1 630 millones de dólares hasta 2034, es decir, un promedio anual de 163 millones de dólares. Para 2026, el presupuesto del MAG asciende a 153,9 millones de dólares, con un incremento promedio del 18,91% frente a los últimos cinco años. Pero la política demanda que el 66,4% sea para inversión y el 33,6% para gasto corriente.
De forma paralela, la política enfrenta tres condicionantes:
La hoja de ruta está técnicamente estructurada. Las metas son medibles. Los indicadores están definidos. Ahora el derrotero a largo plazo es político y fiscal: ¿Habrá continuidad presupuestaria durante diez años? ¿Podrá el Estado sostener inversión en ciencia, riego y seguro sin desbordar el riesgo financiero?
El éxito de ‘Manos para el Campo’ no dependerá solo de su diseño técnico sino de que se convierta en prioridad fiscal de largo plazo. La diferencia entre una política de Estado y un documento estratégico está, en última instancia, en la caja.
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La hoja de ruta no solo plantea objetivos técnicos de largo plazo. También expone una tensión estructural: ¿Puede el sector agropecuario -con una morosidad crediticia que supera el 25%, baja adopción de tecnología y financiamiento sujeto a presupuestos anuales– sostener una transformación productiva de esta escala durante una década?
Por qué importa
El agro no es un sector marginal ni residual. Es un pilar del empleo rural y un componente clave del valor agregado productivo del país. La política agropecuaria 2025-2034 plantea elevar el Índice de Productividad Agrícola de 145,82 en 2024 a 169,36 en 2034 y aumentar la inversión en investigación hasta el 1% del PIB agrícola.
Pero la línea base revela fragilidades profundas. Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, apenas 18,45% de pequeños y medianos productores contaba con riego tecnificado en 2023. La penetración del seguro agropecuario se ubicaba en 0,9%. Y de acuerdo con cifras de cartera vigentes de BanEcuador (2025), la morosidad del crédito agrícola alcanza el 25,67%.
A esto se suma la brecha tecnológica: en cultivos clave como la papa, solo 2% de la superficie usa semilla certificada, según datos del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (ESPAC 2024). Estas cifras son el punto de partida real desde el cual la política intenta cerrar brechas de productividad, financiamiento y resiliencia climática. Ahora, la pregunta es si el entorno financiero, institucional y tecnológico permite sostener la transformación del agro sin que las metas queden en papel.
Los 10 ejes que intentan reordenar el agro ecuatoriano
La política agropecuaria 2025-2034 organiza su intervención en diez ejes. Leídos en conjunto, muestran una intención de reforma integral. Analizados en detalle revelan brechas, límites y condicionantes.
Productividad e investigación, el salto que exige multiplicar la ciencia
El primer eje parte de un diagnóstico implícito: Ecuador produce menos de lo que podría. El Índice de Productividad Agrícola (IPA) estuvo en 145,82 en 2024 y la meta es subir a 169,36 en 2034, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Para lograrlo, la política plantea elevar la inversión en investigación hasta 1% del PIB agrícola. Ese indicador -conocido como índice de intensidad en I+D- mide cuánto se invierte en investigación agropecuaria en relación con el valor total que genera el sector. Hoy ese porcentaje ronda el 0,11%, según el INIAP. Es decir, está lejos del 1% planteado y por debajo de estándares internacionales.
El presupuesto del INIAP muestra la dimensión del desafío. En 2025 registró 13 millones de dólares en gasto corriente, tres millones de dólares, vía FIASA y 423 139 dólares en inversión. Para 2026, el gasto corriente sube apenas a 13,25 millones y el FIASA a cuatro millones. La inversión llega a 484 840 dólares.
El aumento es marginal frente al salto estructural que implica pasar de 0,11% a 1% del PIB agrícola en I+D. El propio INIAP admite que el presupuesto actual permite operar, pero no cerrar la brecha histórica de innovación. La tensión es evidente: la meta es ambiciosa; el músculo financiero aún es limitado.
El reto de los mercados: vender sin que el intermediario capture el margen
El segundo eje busca reducir la intermediación y fortalecer la venta directa. Desde 2020, el MAG reporta 828 procesos de vinculación comercial entre asociaciones y supermercados, industrias o exportadoras.
Sin embargo, ese número acumulado no significa que existan 828 asociaciones consolidadas en mercados formales. El Ministerio reconoce que la comercialización individual sigue predominando.
Actualmente hay 10 244 organizaciones agroproductivas registradas, pero solo 4 210 están activas. Es decir, 41% de las organizaciones formalmente constituidas tiene actividad operativa.
La meta al 2034 es que 340 asociaciones estén vinculadas a mercados (hoy son 100) y que las ventas directas pasen de 21,9 millones de dólares en 2024 a 30,8 millones de dólares. El desafío aquí es empresarial: ¿cómo convertir organizaciones legales en empresas rurales competitivas y sostenibles?
Riego, la apuesta más cuantificable de la política agropecuaria 2025-2034
La cobertura de riego tecnificado para pequeños y medianos productores era de 18,45% en 2023. La meta es llegar al 30% en 2034. Hoy existen 62 640 hectáreas con riego tecnificado, según el MAG. Y para cumplir la meta se deben incorporar 38 894 hectáreas adicionales en diez años. El costo estimado es de 233 millones de dólares, calculado en seis mil dólares por hectárea.
Las provincias con mayor déficit hídrico -El Oro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Loja, Bolívar, Azuay, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi- concentran buena parte de la vulnerabilidad productiva.
Aquí el vacío no es técnico: el costo está estimado y las hectáreas están identificadas. La interrogante es financiera. No hay un cronograma plurianual aprobado por el Ministerio de Finanzas. La inversión dependerá de asignaciones anuales. La política es decenal, mientras el presupuesto es anual.
Asociatividad, el cuello empresarial de la política agropecuaria 2025-2034
De las 4 210 organizaciones activas, la meta es fortalecer 368 que agreguen valor a su producción hasta 2034. No se trata solo de producir más, sino de transformar, empacar y vender mej-or.
El MAG trabaja en reforma al reglamento LOEPS para fortalecer cooperativas productivas. La brecha aquí es de gestión empresarial más que legal.
🌦 Adaptación al cambio climático incipiente frente al riesgo creciente
5,5% de las Unidades de Producción Agropecuaria aplica prácticas de mitigación o adaptación climática (línea base 2023). La meta es llegar al 10% en 2034.
El INIAP ha desarrollado variedades resistentes a sequía -como trigo INIAP-Vivar-, arroz resistente al acame y papa tolerante a enfermedades como tizón tardío. También trabaja en sistemas agroforestales y medición de carbono en suelos. Sin embargo, la cobertura de estas innovaciones aún es limitada frente a la magnitud territorial del riesgo climático. Lo que falta aquí no es científico, sino de escala: ¿cómo masificar tecnologías resilientes cuando la adopción tecnológica es baja?
Una campesina presenta su cultivo por sistema de riego en la comunidad de Nutiluisa, Palmira. Foto: EFE
🏛 En modernización institucional se opta por mantener, más que transformar
El indicador de satisfacción del usuario externo del MAG es 88% (línea base 2024) y se mantiene como meta 2034. Ni el INIAP ni BanEcuador detallaron reformas estructurales profundas en trámites digitales o tiempos de respuesta. El eje apunta a simplificación y mejora progresiva, pero no se fija metas cuantificables de reducción de costos o tiempos. En una política que busca reingeniería productiva, la modernización institucional aparece como el eje menos disruptivo.
Inclusión de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) con límites
La Agricultura Familiar Campesina -productores cuya principal fuente de ingreso proviene de su unidad productiva familiar- es uno de los ejes más visibles. Hoy, 19,3% de productores AFC están vinculados a sistemas de comercialización. La meta es llegar a 34% en 2034.
En crédito, BanEcuador destinó en 2025 un 15% de su colocación agropecuaria a productos exclusivos AFC, equivalente a 49,3 millones de dólares en 6 272 operaciones. El 65% de esos créditos fue para mujeres. Es uno de los pocos ejes con datos claros de enfoque de género.
El límite es que AFC sigue representando una porción minoritaria del total de crédito agropecuario.
Meta ambiciosa en bienestar rural y desnutrición, pero mecanismo difuso
La política fija como meta reducir la desnutrición crónica infantil del 17,5% registrado en 2023 al 11,67% en 2034. Sin embargo, el documento no detalla un programa agro-nutricional específico que explique cómo el aumento de productividad se traducirá directamente en mejora nutricional.
El vínculo es conceptual: más producción y soberanía alimentaria deberían mejorar acceso a alimentos. Pero no se desarrolla un mecanismo operativo concreto. El riesgo es que la meta social quede desconectada de las herramientas productivas.
Expansión del crédito y seguros con alta exposición al riesgo
Entre 2021 y 2025, BanEcuador colocó 1 560 millones de dólares en crédito agropecuario en 244 480 operaciones. La meta es que el monto anual supere los 1 143 millones de dólares en 2034.
Pero la morosidad agrícola -según cartera vigente 2025- alcanza 25,67%. Es decir, una cuarta parte de la cartera agrícola presenta incumplimientos. En consecuencia, la expansión del crédito sin reducción significativa del riesgo productivo puede tensionar la sostenibilidad financiera pública.
En seguros, en 2025 se beneficiaron 38 007 productores con 49 021 hectáreas aseguradas. La penetración es de 0,9% y la meta es 4,2%.
Cobertura limitada de educación y asistencia técnica
El INIAP capacitó a 21 122 productores hasta 2025 y prevé atender 5 320 en 2026. La meta es pasar de 100 a 1 100 Escuelas de Capacitación Pecuaria al 2034. Pero frente a 850 mil unidades productivas, la cobertura sigue siendo limitada. El salto, además, requiere no solo capacitación, sino de infraestructura digital y conectividad rural.
⚖ El reto: política de Estado o plan condicionado por la caja fiscal
La política proyecta 1 630 millones de dólares hasta 2034, es decir, un promedio anual de 163 millones de dólares. Para 2026, el presupuesto del MAG asciende a 153,9 millones de dólares, con un incremento promedio del 18,91% frente a los últimos cinco años. Pero la política demanda que el 66,4% sea para inversión y el 33,6% para gasto corriente.
De forma paralela, la política enfrenta tres condicionantes:
- No hay un cronograma financiero plurianual aprobado por el Ministerio de Finanzas. La ejecución dependerá del presupuesto asignado cada año y en un contexto fiscal restrictivo.
- 1 de cada 4 dólares colocados en cartera agrícola presenta atraso o incumplimiento.
- Baja adopción tecnológica en territorio.
La hoja de ruta está técnicamente estructurada. Las metas son medibles. Los indicadores están definidos. Ahora el derrotero a largo plazo es político y fiscal: ¿Habrá continuidad presupuestaria durante diez años? ¿Podrá el Estado sostener inversión en ciencia, riego y seguro sin desbordar el riesgo financiero?
El éxito de ‘Manos para el Campo’ no dependerá solo de su diseño técnico sino de que se convierta en prioridad fiscal de largo plazo. La diferencia entre una política de Estado y un documento estratégico está, en última instancia, en la caja.
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