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Orlando Silva
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La investigación por el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio llega a 2026 marcada por una fuerte disputa judicial, testimonios enfrentados y una compleja red de acusaciones cruzadas. A más dos años del crimen ocurrido el 9 de agosto de 2023, el proceso avanza entre revelaciones, retractaciones y una pugna abierta entre la Fiscalía y los procesados por establecer quiénes ordenaron el magnicidio.
Lo que inicialmente se estructuró como un caso sostenido en colaboraciones eficaces y testimonios de actores vinculados al crimen organizado, hoy se encuentra atravesado por cuestionamientos a la credibilidad de esas versiones, denuncias de presiones y una serie de incidentes procesales que han retrasado el avance hacia el juzgamiento de los presuntos autores intelectuales.
La Fiscalía General del Estado mantiene como principales sospechosos del asesinato a cuatro figuras: Xavier Jordán, prófugo por casos de corrupción hospitalaria; Daniel Salcedo, sentenciado en varios procesos; el exasambleísta Ronny Aleaga; y el exministro del Interior José Serrano.
Según la teoría fiscal, el crimen habría sido planificado desde una estructura que combinó actores políticos, operadores del crimen organizado y enlaces financieros. Esta hipótesis se sostiene, principalmente, en los testimonios de tres personas: Lenin Vimos, Marcelo Lasso y un testigo protegido identificado como RPHR.
Los tres han coincidido en señalar que el asesinato de Villavicencio respondió a una planificación previa, con participación de redes vinculadas a Los Lobos y conexiones con actores políticos.
Uno de los ejes de la investigación ha sido el testimonio de Lenin Vimos, sentenciado en el caso Plaga. En su versión rendida en abril de 2024, relató cómo se habría estructurado el crimen y quiénes habrían intervenido en su financiamiento y coordinación.
Vimos sostuvo que el plan se consolidó meses antes del asesinato y que tuvo conocimiento de reuniones entre Jorge Robinson Chonillo, alias “Negro Yorkis”, y miembros de Los Lobos en Colombia. Según su relato, en uno de esos encuentros se habría producido una videollamada con Ronny Aleaga, en la que se habló del pago de 1 millón de dólares para ejecutar el crimen.
En esa misma versión, Vimos ubicó a José Serrano y Jorge Glas en la parte alta de la estructura, a Xavier Jordán como financista y a Aleaga como nexo operativo con las organizaciones criminales. También afirmó que alias “Invisible”, uno de los sicarios, le confirmó la participación de Daniel Salcedo como intermediario.
Sin embargo, este relato comenzó a resquebrajarse en noviembre de 2025, cuando José Serrano difundió un audio en el que un testigo aseguró que las autoridades construyeron la versión de Vimos. Serrano calificó el proceso como un montaje y cuestionó directamente a la Fiscalía y a la entonces fiscal general Diana Salazar.
El segundo testimonio clave es el de Marcelo Lasso, excolaborador de Leandro Norero. Lasso declaró que antes de morir, Norero ya planificaba un atentado contra Villavicencio y que, tras su asesinato, el control de la operación pasó a manos de Xavier Jordán.
Según su versión inicial, reunieron un millón de dólares para financiar el crimen y canalizaron el dinero a través de Daniel Salcedo, quien lo entregó a miembros de Los Lobos y del Frente Oliver Sinisterra.
No obstante, el caso dio un giro el 20 de noviembre de 2025, cuando Jordán hizo pública una deposición rendida por Lasso ante una corte de Miami. En ese testimonio, Lasso se retractó y dijo que entregó su versión en Ecuador bajo presión de la Fiscalía.
Ante esto, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación por fraude procesal, sosteniendo que la retractación en Estados Unidos no invalida los elementos recabados en el proceso ecuatoriano y que existen otras pruebas que respaldan la acusación.
El tercer elemento central del caso es el testimonio del exagente policial identificado como RPHR. El exuniformado afirmó que Daniel Salcedo lo reclutó para realizar seguimientos a Villavicencio en los meses previos a su asesinato.
RPHR afirmó que, por su experiencia en inteligencia, fue encargado de recopilar información sobre la rutina del entonces candidato presidencial. Según su relato, entregó fotografías y reportes a través de la aplicación Threema y recibió pagos en efectivo por ese trabajo.
El testigo también aseguró haber presenciado comunicaciones entre Salcedo y José Serrano, en las que se solicitaba información detallada sobre la seguridad del candidato.
Tras el crimen, RPHR denunció varios intentos de asesinato dentro del sistema penitenciario, lo que motivó su traslado y la adopción de medidas de protección.
El 24 de noviembre de 2025, durante su testimonio anticipado, RPHR afirmó que fue contactado para cambiar su versión. Según su declaración, Marcelo Lasso habría actuado como intermediario de Xavier Jordán para ofrecerle 300 000 dólares a cambio de acusar a la Fiscalía de haber fabricado el caso.
El exagente señaló además que recibió mensajes desde una cuenta atribuida a Jordán, en los que se le ofrecía dinero y protección. El teléfono fue incautado y forma parte de las evidencias periciadas.
Mientras el caso sigue acumulando tensiones, la Fiscalía busca avanzar con la vinculación de nuevos sospechosos. El 25 de diciembre de 2025, el abogado de las hijas de Villavicencio, Patricio Rosero, informó que la audiencia para vincular a Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’; Ángel Aguilar, alias ‘Lobo Menor’; y Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’, se suspendió.
La diligencia estaba prevista para el 26 de diciembre, pero se suspendió luego de que uno de los procesados solicitó la presencia de su abogado de confianza. Las autoridades señalan a los tres como integrantes de Los Lobos y como presuntos autores intelectuales del crimen.
Con esta vinculación, el número de procesados en el caso ascendería a siete, sumándose a Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo.
El asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 tras un mitin político en el norte de Quito. A más dos años del crimen, el expediente combina testimonios cruzados, acusaciones de manipulación, retractaciones internacionales y disputas por la validez de las pruebas.
2026 será determinante para establecer responsabilidades y esclarecer quiénes ordenaron el asesinato del entonces candidato presidencial. Para las defensas, en cambio, el proceso evidencia una construcción frágil, sostenida en testimonios contradictorios.
Mientras tanto, el caso Magnicidio FV sigue abierto, con una investigación que avanza entre audiencias diferidas, nuevas revelaciones y una pugna jurídica que definirá uno de los crímenes políticos más graves de la historia reciente del Ecuador.
Información extra: Fernando Villavicencio
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Los procesados y la hipótesis de la Fiscalía en el crimen de Fernando Villavicencio
Lo que inicialmente se estructuró como un caso sostenido en colaboraciones eficaces y testimonios de actores vinculados al crimen organizado, hoy se encuentra atravesado por cuestionamientos a la credibilidad de esas versiones, denuncias de presiones y una serie de incidentes procesales que han retrasado el avance hacia el juzgamiento de los presuntos autores intelectuales.
La Fiscalía General del Estado mantiene como principales sospechosos del asesinato a cuatro figuras: Xavier Jordán, prófugo por casos de corrupción hospitalaria; Daniel Salcedo, sentenciado en varios procesos; el exasambleísta Ronny Aleaga; y el exministro del Interior José Serrano.
Según la teoría fiscal, el crimen habría sido planificado desde una estructura que combinó actores políticos, operadores del crimen organizado y enlaces financieros. Esta hipótesis se sostiene, principalmente, en los testimonios de tres personas: Lenin Vimos, Marcelo Lasso y un testigo protegido identificado como RPHR.
Los tres han coincidido en señalar que el asesinato de Villavicencio respondió a una planificación previa, con participación de redes vinculadas a Los Lobos y conexiones con actores políticos.
El testimonio de Lenin Vimos y las primeras fisuras
Uno de los ejes de la investigación ha sido el testimonio de Lenin Vimos, sentenciado en el caso Plaga. En su versión rendida en abril de 2024, relató cómo se habría estructurado el crimen y quiénes habrían intervenido en su financiamiento y coordinación.
Vimos sostuvo que el plan se consolidó meses antes del asesinato y que tuvo conocimiento de reuniones entre Jorge Robinson Chonillo, alias “Negro Yorkis”, y miembros de Los Lobos en Colombia. Según su relato, en uno de esos encuentros se habría producido una videollamada con Ronny Aleaga, en la que se habló del pago de 1 millón de dólares para ejecutar el crimen.
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En esa misma versión, Vimos ubicó a José Serrano y Jorge Glas en la parte alta de la estructura, a Xavier Jordán como financista y a Aleaga como nexo operativo con las organizaciones criminales. También afirmó que alias “Invisible”, uno de los sicarios, le confirmó la participación de Daniel Salcedo como intermediario.
Sin embargo, este relato comenzó a resquebrajarse en noviembre de 2025, cuando José Serrano difundió un audio en el que un testigo aseguró que las autoridades construyeron la versión de Vimos. Serrano calificó el proceso como un montaje y cuestionó directamente a la Fiscalía y a la entonces fiscal general Diana Salazar.
Marcelo Lasso y la retractación que agitó el proceso
El segundo testimonio clave es el de Marcelo Lasso, excolaborador de Leandro Norero. Lasso declaró que antes de morir, Norero ya planificaba un atentado contra Villavicencio y que, tras su asesinato, el control de la operación pasó a manos de Xavier Jordán.
Según su versión inicial, reunieron un millón de dólares para financiar el crimen y canalizaron el dinero a través de Daniel Salcedo, quien lo entregó a miembros de Los Lobos y del Frente Oliver Sinisterra.
No obstante, el caso dio un giro el 20 de noviembre de 2025, cuando Jordán hizo pública una deposición rendida por Lasso ante una corte de Miami. En ese testimonio, Lasso se retractó y dijo que entregó su versión en Ecuador bajo presión de la Fiscalía.
Ante esto, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación por fraude procesal, sosteniendo que la retractación en Estados Unidos no invalida los elementos recabados en el proceso ecuatoriano y que existen otras pruebas que respaldan la acusación.
- Más sobre el tema: Hijas de Fernando Villavicencio piden que los procesados reconozcan su culpa en el magnicidio
El testigo protegido y las acusaciones de sobornos en el caso Magnicidio FV
El tercer elemento central del caso es el testimonio del exagente policial identificado como RPHR. El exuniformado afirmó que Daniel Salcedo lo reclutó para realizar seguimientos a Villavicencio en los meses previos a su asesinato.
RPHR afirmó que, por su experiencia en inteligencia, fue encargado de recopilar información sobre la rutina del entonces candidato presidencial. Según su relato, entregó fotografías y reportes a través de la aplicación Threema y recibió pagos en efectivo por ese trabajo.
El testigo también aseguró haber presenciado comunicaciones entre Salcedo y José Serrano, en las que se solicitaba información detallada sobre la seguridad del candidato.
Tras el crimen, RPHR denunció varios intentos de asesinato dentro del sistema penitenciario, lo que motivó su traslado y la adopción de medidas de protección.
El 24 de noviembre de 2025, durante su testimonio anticipado, RPHR afirmó que fue contactado para cambiar su versión. Según su declaración, Marcelo Lasso habría actuado como intermediario de Xavier Jordán para ofrecerle 300 000 dólares a cambio de acusar a la Fiscalía de haber fabricado el caso.
El exagente señaló además que recibió mensajes desde una cuenta atribuida a Jordán, en los que se le ofrecía dinero y protección. El teléfono fue incautado y forma parte de las evidencias periciadas.
La audiencia pendiente y los nuevos vinculados
Mientras el caso sigue acumulando tensiones, la Fiscalía busca avanzar con la vinculación de nuevos sospechosos. El 25 de diciembre de 2025, el abogado de las hijas de Villavicencio, Patricio Rosero, informó que la audiencia para vincular a Wilmer Chavarría, alias ‘Pipo’; Ángel Aguilar, alias ‘Lobo Menor’; y Luis Arboleda, alias ‘Gordo Luis’, se suspendió.
La diligencia estaba prevista para el 26 de diciembre, pero se suspendió luego de que uno de los procesados solicitó la presencia de su abogado de confianza. Las autoridades señalan a los tres como integrantes de Los Lobos y como presuntos autores intelectuales del crimen.
Con esta vinculación, el número de procesados en el caso ascendería a siete, sumándose a Jordán, Serrano, Aleaga y Salcedo.
Un proceso que apunta a definirse en 2026
El asesinato de Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 tras un mitin político en el norte de Quito. A más dos años del crimen, el expediente combina testimonios cruzados, acusaciones de manipulación, retractaciones internacionales y disputas por la validez de las pruebas.
2026 será determinante para establecer responsabilidades y esclarecer quiénes ordenaron el asesinato del entonces candidato presidencial. Para las defensas, en cambio, el proceso evidencia una construcción frágil, sostenida en testimonios contradictorios.
Mientras tanto, el caso Magnicidio FV sigue abierto, con una investigación que avanza entre audiencias diferidas, nuevas revelaciones y una pugna jurídica que definirá uno de los crímenes políticos más graves de la historia reciente del Ecuador.
Información extra: Fernando Villavicencio
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