G
Giovanna Alvear
Guest
Tras una aparente tranquilidad, varias clínicas clandestinas de rehabilitación en Quito esconden una realidad marcada por negligencia y hechos que rozan la criminalidad. Estos espacios, que deberían ofrecer atención médica y psicológica, operan al margen de la ley y vulneran derechos de personas que buscan tratamiento para adicciones.
En lo que va de 2026, las autoridades clausuraron seis centros ilegales. La problemática no es nueva. Los operativos evidencian la presencia constante de estos establecimientos en la ciudad. En 2025, las autoridades cerraron 24 clínicas clandestinas, el doble de las 10 registradas en 2024, lo que confirma el crecimiento de este fenómeno.
Los agentes de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) enfrentan escenas cada vez más graves durante sus intervenciones. En varios operativos hallaron armas, herramientas y métodos de tortura. También detectaron hacinamiento y la ausencia de personal capacitado para tratar adicciones al alcohol y a sustancias ilegales.
En enero de 2025, la AMC intervino una clínica en Pisulí. El lugar operaba bajo la fachada de una vivienda. Allí encontraron a 40 adultos y 5 menores de edad. Los internos denunciaron maltratos, condiciones deplorables, espacios insalubres y alimentación inadecuada.
En abril del mismo año, otro operativo en Nayón reveló prácticas similares. Adolescentes relataron que el personal captaba a los pacientes por la fuerza. Según sus testimonios, utilizaban chalecos y esposas para retenerlos y trasladarlos sin consentimiento.
Durante los meses siguientes, las autoridades detectaron métodos extremos de castigo. Identificaron maltratos con tablas, asfixia con toallas mojadas, descargas eléctricas e inmersiones en aguas residuales. A estas prácticas se suman denuncias de abuso sexual dentro de estos centros.
Las irregularidades también incluyen retenciones ilegales y situaciones vinculadas a la justicia. En la Ferroviaria Alta, un centro clandestino mantenía a un adulto mayor reportado como desaparecido en contra de su voluntad.
En marzo de 2026, un operativo en Calderón, Yaruquí y Pifo dejó al descubierto nuevos hechos graves. Las autoridades encontraron a una interna con orden de captura y a una persona sin signos vitales.
Edwin Chicaiza, líder zonal de la AMC en Calderón, advirtió que estos lugares operan completamente fuera de la ley. Señaló que se convierten en espacios de alto riesgo donde se vulneran derechos y, en algunos casos, se oculta a personas requeridas por la justicia.
Desde la zona de Tumbaco, otro representante de la institución alertó sobre las condiciones dentro de estos centros. Indicó que no solo existen presuntos maltratos físicos, sino también hacinamiento, insalubridad, encierro y afectaciones psicológicas que agravan la situación de quienes necesitan atención digna.
Las autoridades ejecutan operativos permanentes junto con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS), el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional. Estos centros ilegales aprovechan la desesperación de las familias y cobran miles de dólares por tratamientos que terminan en abusos.
Para evitar estos riesgos, los usuarios deben verificar que los centros privados cuenten con el registro visible del ACESS. En Quito, también existen alternativas gratuitas y técnicas, como los CETAD del Ministerio de Salud y Casa La Ronda del Municipio, que ofrecen atención adecuada y regulada.
Sigue leyendo...
Más noticias
- Quito encierra el horror detrás de falsos centros de rehabilitación
- Tres centros clandestinos en Quito, clausurados tras hallazgos de menores y un fallecido
En lo que va de 2026, las autoridades clausuraron seis centros ilegales. La problemática no es nueva. Los operativos evidencian la presencia constante de estos establecimientos en la ciudad. En 2025, las autoridades cerraron 24 clínicas clandestinas, el doble de las 10 registradas en 2024, lo que confirma el crecimiento de este fenómeno.
Violencia y condiciones inhumanas
Los agentes de la Agencia Metropolitana de Control (AMC) enfrentan escenas cada vez más graves durante sus intervenciones. En varios operativos hallaron armas, herramientas y métodos de tortura. También detectaron hacinamiento y la ausencia de personal capacitado para tratar adicciones al alcohol y a sustancias ilegales.
En enero de 2025, la AMC intervino una clínica en Pisulí. El lugar operaba bajo la fachada de una vivienda. Allí encontraron a 40 adultos y 5 menores de edad. Los internos denunciaron maltratos, condiciones deplorables, espacios insalubres y alimentación inadecuada.
En abril del mismo año, otro operativo en Nayón reveló prácticas similares. Adolescentes relataron que el personal captaba a los pacientes por la fuerza. Según sus testimonios, utilizaban chalecos y esposas para retenerlos y trasladarlos sin consentimiento.
Durante los meses siguientes, las autoridades detectaron métodos extremos de castigo. Identificaron maltratos con tablas, asfixia con toallas mojadas, descargas eléctricas e inmersiones en aguas residuales. A estas prácticas se suman denuncias de abuso sexual dentro de estos centros.
Casos de desaparición y riesgos legales
Las irregularidades también incluyen retenciones ilegales y situaciones vinculadas a la justicia. En la Ferroviaria Alta, un centro clandestino mantenía a un adulto mayor reportado como desaparecido en contra de su voluntad.
En marzo de 2026, un operativo en Calderón, Yaruquí y Pifo dejó al descubierto nuevos hechos graves. Las autoridades encontraron a una interna con orden de captura y a una persona sin signos vitales.
Edwin Chicaiza, líder zonal de la AMC en Calderón, advirtió que estos lugares operan completamente fuera de la ley. Señaló que se convierten en espacios de alto riesgo donde se vulneran derechos y, en algunos casos, se oculta a personas requeridas por la justicia.
Desde la zona de Tumbaco, otro representante de la institución alertó sobre las condiciones dentro de estos centros. Indicó que no solo existen presuntos maltratos físicos, sino también hacinamiento, insalubridad, encierro y afectaciones psicológicas que agravan la situación de quienes necesitan atención digna.
Las autoridades ejecutan operativos permanentes junto con la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (ACESS), el Ministerio de Salud Pública y la Policía Nacional. Estos centros ilegales aprovechan la desesperación de las familias y cobran miles de dólares por tratamientos que terminan en abusos.
Para evitar estos riesgos, los usuarios deben verificar que los centros privados cuenten con el registro visible del ACESS. En Quito, también existen alternativas gratuitas y técnicas, como los CETAD del Ministerio de Salud y Casa La Ronda del Municipio, que ofrecen atención adecuada y regulada.
Te recomendamos
Sigue leyendo...